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Reforma Educativa en Colombia
Estudiantes la rechazan, gobierno insiste
Bogotá D.C., Abril 02 de 2011. Sala de Redacción. La reforma educativa presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, la semana pasada, desató una oleada de protestas en varias universidades públicas del país cuyo saldo fue de un estudiante muerto y ocho heridos, aparentemente mientras manipulaban un artefacto explosivo en la Universidad de Nariño, en Pasto, capital del Departamento de Nariño, al sudoeste de Colombia.
La reforma
El régimen educativo en Colombia, se enmarca en la Ley 30 de 1992, la cual contempla la educación pública superior como “un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado. “, lo cual la hace concordante con el concepto de Estado Social de Derecho que la Constitución de 1991 le dio a la Republica de Colombia.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en su jurisprudencia: "Tanto por la naturaleza y función del proceso educativo como porque reúne a plenitud los requisitos y criterios de esa categoría constitucional abierta que es hoy el derecho fundamental, esta Corte ha reconocido que la educación es uno de tales derechos que realiza el valor y principio material de la igualdad, consignado en el preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Carta..." (Sentencia T-429 de 1992, Magistrado Ponente, doctor Ciro Angarita Barón).”
Esa función pública de la educación en la Colombia posterior a la Constitución de 1991, encuentra su representación en las Universidades Estatales, mismas que cuentan con un muy importante número de estudiantes, canalizando a través de ellas la demanda de educación superior que no puede acceder a las universidades privadas por sus elevados costos.
Según “Portafolio”, publicación económica del grupo “El Tiempo”, por ejemplo un semestre de medicina en la Universidad de Los Andes cuesta 13.750.000 pesos, mientras para los demás pregrados el precio es de 9.660.000 pesos, esto en 2009.
Es importante señalar que en Colombia, por ley, la educación es Sin Ánimo de Lucro, por lo que la totalidad de las Universidades privadas son o Fundaciones o Corporaciones o Cooperativas, sin ánimo de lucro, lo que trae como consecuencia que tengan un tratamiento privilegiado a nivel de impuestos.
Por su lado, las universidades públicas deben financiarse con el presupuesto estatal y con una tabla de tarifas fijada con un criterio de focalización del gasto público, es decir: Dirigiendo su oferta a las poblaciones más vulnerables del país. Las principales universidades públicas colombianas son:
Universidad de la Amazonia, Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad Popular del Cesar, Universidad de Cundinamarca, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Nariño, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de Pamplona, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío, Universidad Industrial de Santander, Universidad Surcolombiana, Universidad del Valle.
Sin embargo, desde varios años atrás se ha venido manifestando, por parte del gobierno el importante déficit presupuestal que afrontan.
Curiosamente, en 2007, la Revista Cambio, hace un análisis de las empresas más grandes del país, según su comportamiento en cuanto a ingresos operacionales activo y patrimonio.
“La primera institución que aparece en la lista es la Universidad Nacional de Colombia, en el lugar 59 (contra el puesto 54 que tenía en 2006). De las 14 universidades que aparecen en el listado trece son oficiales; la otra es la Universidad Cooperativa de Colombia, de economía solidaria. Ninguna universidad privada aparece en el listado.
Entre el listado de las mil desaparece la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Nariño. Entra a la lista la Universidad Militar Nueva Granada y da un gran salto positivo la Universidad de Pamplona.”
Para contrarrestar esa crisis financiera de la universidad estatal, el Presidente Santos Calderón, a través de su ministra de educación, María Fernanda Campo, presentará un proyecto de ley que incluye la creación de universidades con ánimo de lucro y la inyección de capital privado.
Esa reforma educativa planteada por el gobierno incluye “cuatro pilares”. Los cuatro pilares, que enuncio el Presidente Santos, son:
“promover la calidad y la investigación; aumentar los recursos para la educación superior, incluyendo el capital privado; tener una educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional, y garantizar una gestión educativa basada en el buen gobierno.”
Santos, indicó que también se prevé la inyección de aportes de alianzas público-privadas a la educación superior pública, para que genere más competitividad.
“La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, que quede claro, no significa privatizar, sino invertir. Desde ya quiero evitar malos entendidos. Lo que estamos proponiendo busca, simple y llanamente, que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública, y en alianza con ella, sin que eso represente un sólo peso de costo adicional para el estudiante. ¡Todo lo contrario! Los beneficios de las alianzas mejorarán la calidad de la formación y la investigación”, enfatizó. Santos indicó que además se propone crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, de manera que estas instituciones aporten recursos para los fondos de becas y de crédito que benefician a los más pobres.
“A las instituciones de educación superior se les ha exigido que sean sin ánimo de lucro, lo que ha limitado las posibilidades de inversión privada en ellas. Por eso proponemos crear Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro”, explicó.
En resumidas cuentas, la propuesta de Santos, es mejorar la rentabilidad de las Universidades Públicas, y reconoció que para cumplir con este objetivo, se requieren recursos financieros, para lo cual se debe ampliar la fuente de este presupuesto y no limitarlos al presupuesto público.
“Los recursos públicos son limitados y debemos ser muy ingeniosos para ampliar las fuentes de recursos del sector. Prevemos mantener la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior públicas, adicionando un aumento porcentual escalonado, dirigido a mejorar la calidad, la formación docente, la investigación y el aumento de cobertura con énfasis regional”, explicó.
Las reacciones
Los movimientos estudiantiles se mostraron en total desacuerdo con la propuesta de Santos Calderón, dado que consideran que se trata de una intentona por privatizar la educación pública en Colombia, contradiciendo el espíritu de la Constitución de 1991, y afectando gravemente a las poblaciones con menos recursos.
Los detractores de la iniciativa gubernamental señalan como el gobierno pretende desfinanciar a las universidades públicas, trasladando la responsabilidad de su sostenimiento a su privatización, lo cual no apunta nada más que al desmonte de la educación pública en Colombia.
En palabras de William Agudelo Sedano, Fiscal de la Asociación Distrital de Educadores - ADE, publicadas en el sitio WEB de esa agremiación “el capital financiero es la base de la financiación en este gobierno, tanto en la universidad pública como en la privada, en cuatro formas: “buscarán nuevas fuentes de recursos” vinculando a la nación, los entes territoriales y al sector “productivo”; se incrementarán los recursos para nuevos créditos “fortaleciendo de esta manera al Icetex”; fomentarán “la participación del sector privado, cajas de compensación y cooperativas en proyectos que consoliden la oferta de educación superior” y constituirán un “portafolio de posibilidades para que a través de la banca de fomento, la banca comercial, la banca multilateral y el sector privado se provean recursos (…), para que se adelanten proyectos de infraestructura física y tecnológica”.
Santos y su ministra han insistido en la “internacionalización de la educación superior”. La aprobación de los TLC supone el ingreso al país de las multinacionales de la educación superior y de las universidades corporativas como las de Motorola, Disney, Marlboro, Coca Cola, General Motors, Lufthansa, Shell, American Express, Microsoft, entre otras. Ya tenemos dos casos: la de sanitas en el campo de la salud y la Chevrolet para taxistas. Lenin alcanzó a señalar de manera precisa: “el monopolio, una vez que está constituido y maneja miles de millones, penetra de un modo absolutamente inevitable en todos los aspectos de la vida social, independientemente del régimen político y de otras `particularidades´”.
En igual sentido se pronunció la Federación Nacional de Profesores Universitarios en su sitio web: “La mejor manera para hacer de la educación superior un negocio privado es comenzar por desmantelar su carácter público, su financiación proviene del presupuesto nacional aportado por la población, es por esto que debe estar a su servicio. Los altos costos de matrícula de las universidades privadas son producto del marchitamiento premeditado de las universidades públicas y de la permisividad oficial hacia los mercaderes de la educación. Estas condiciones oprobiosas se profundizarán a menos que los sectores demócratas de la sociedad opongan la unidad y la movilización a la más retardataria de las propuestas educativas en la historia del país. Que cuente el país con que los estudiantes unidos con los demás estamentos universitarios derrotaremos ésta iniciativa mediante la lucha de masas y persistiremos en el propósito de concretar una educación de carácter científico, al servicio del desarrollo de la nación y del progreso del pueblo colombiano. Derrotar la política de Santos en educación superior es la tarea principal de estudiantes, profesores, trabajadores y todos los que defiendan la educación pública.”
Por su parte El presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), y rector de la Universidad del Cauca, Danilo Vivas, anunció que debido a que el Proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación Superior no fue producto de un consenso con las universidades, crearán una mesa de concertación para discutir con el Gobierno punto por punto su propuesta.
“Si definitivamente no podemos llegar a un acuerdo en aspectos álgidos, presentaremos al congreso una propuesta diferente”, señaló Vivas.
Aclaró que no les molesta la llegada de capital privado a la educación pública o que algunas universidades públicas tengan el carácter de ánimo de lucro. El problema de fondo, dijo, es que ante la carencia de recursos del Estado, el Gobierno no puede desligarse de su responsabilidad con la educación superior, pues ésta es un bien público.
“Aspiramos a que el proyecto reconozca la importancia de la educación pública y le asegure recursos. También, que piense en crear nuevas instituciones estatales”, agregó.
Por su parte, el Presidente del Partido de la U, Juan Lozano Ramírez, manifestó que ésta es la oportunidad para que los jóvenes no se queden por fuera de la Universidad. "Estas ventajas les permitirán a los jóvenes de Colombia, que no pueden matricularse en las universidades y que no están accediendo a una carrera, tener una opción de vida y contar con todas las garantías cuando salen del bachillerato", señaló.
El Senador Lozano Ramírez explicó en el sitio web del Congreso de la República, que con las becas-crédito, la disminución a tasa cero reales de los créditos del Icetex y el compromiso con la cobertura y la buena calidad, "se marca el énfasis social del Partido de La U”.
El gobernante partido de la “U”, mantiene una mayoría en el Congreso de la República y a él pertenecen tanto el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, como el Presidente Santos Calderón.
El gobierno del Presidente Santos Calderón, luego de la oleada de protestas estudiantiles que el Jueves se presentó en diferentes ciudades, indicó que no tolerará el uso de la violencia y que no dudará en usar la fuerza pública para reprimirla, e insistió en las bondades del proyecto de reforma, pero que igualmente hará un debate participativo sobre esta.
Santos reiteró que las protestas no tienen fundamento dado que la nueva reforma no buscaría privatizar la educación superior, sino que el sector privado haga un aporte a la educación pública, lo cual no representaría costos adicionales para los estudiantes.
Por su parte, la ministra de educación, María Fernanda Campo, declaró luego de condenar de los hechos violentos en las instituciones, que dicha reforma no se modificará e indicó que el gobierno ha estado abierto a los planteamientos de todos los sectores vinculados a la educación y que la propuesta de crear las alianzas público-privadas son alternativas factibles para todos los implicados, “Este mecanismo es absolutamente necesario y conveniente y se viene ejecutando en varias naciones del mundo”, puntualizó.
El debate continuara muy probablemente, durante las próximas semanas.
Mundo Latino, El Mundo, Agencias.
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